Militares cuestionados, denuncias de trama de asesinato a la autoridad, decomisos conflictivos de millonarias sumas de dinero, sometimientos tardíos y una “Caja de Pandora” cuando se trata rumores.
Un arresto de dos hombres con un cargamento millonario en dólares crea una disputa por el control del dinero. Una Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) descabezada y un fiscal amenazado hacen que Samaná se coloque en el centro del debate.
El decomiso de poco más de 44 millones de pesos devino en una controversia entre la Dirección Genera de Aduanas, la Marina de Guerra, la DNCD y el Ministerio Público, conflicto que permitió el escape de uno de los dos imputados y mantiene litigando a un Ministerio Público que nunca contó el dinero incautado.
La noticia del decomiso como un logro de la DNCD. Sus agentes en Samaná destituidos, arrestados y sometidos a la justicia por cobro de peajes.
Suspendidos, y bajo medidas de coerción figura el mayor del Ejército Nacional, con funciones de inspector, Johan Antonio Peralta Victorio, el capitán del Ejército Alexander Adames Almonte y el primer teniente Eligio Jiménez Valdez.
El pasado 20 de julio el Juzgado de la Instrucción de Samaná dictó tres meses de prisión contra los tres oficiales.
El caso trajo como consecuencia una sería denuncia del Procurador fiscal de Samaná, Manuel Medina de los Santos, quien recibe amenazas de muerte.
El informe conversó con un hombre que estuvo presente en la audiencia y que ratifica que las amenazas contra el fiscal, que no estaba presente, fueron vertidas por tres hombres recién llegados al pueblo.
Conforme a este testigo que pidió protección de su identidad todos, incluida la jueza, permanecían dentro del tribunal.
En todo caso se trata de tres personas que aunque han sido identificadas como militares no se conocen sus nombres, porque no fueron detenidas en un tribunal que, a decir del fiscal, carece de custodia, una situación que comparte con la Fiscalía que corre con la misma suerte.
Reynaldo Quezada, presidente de la organización que agrupa a las juntas de vecinos de Samaná, precisa que muchos ciudadanos se cohíben de hacer denuncias, porque las hacen a la persona menos indicada, un indicio de que las autoridades que tienen que ver con ese asunto de las drogas tienen que sanear esa institución (DNCD), porque hay muchas personas que no tienen que estar ahí.
Cuando en rueda de prensa en Santo Domingo el presidente de la DNCD anunció el desmantelamiento de la oficina de esa entidad en Samaná pocos de allí, sostiene Quezada, reaccionaron extrañados.
Conforme a la resolución del juzgado de la instrucción del distrito Judicial de Samaná, los agentes Peralta Victorio, Adames Almonte y Jiménez Valdez se valían de un motoconcho que recogía entre seis mil y nueve mil pesos semanales en los 21 puestos de drogas existentes desde el Cruce de Honduras hasta Las Galeras.
No obstante el fiscal reconoce que al menos, uno de los imputados, tenía apenas 20 días de haber llegado al cargo. Tiempo que coincide con la que notifica el abogado del mayor Joan Antonio Peralta.
En otro caso más de 40 millones de pesos llegaron a Samaná de manos de Ismael Kin Almeida.
Su abogado defensor es Félix Portes, reconocido en estos días, porque ostenta la representación de Sobeida Feliz, se refiere a las suspicacias que genera su defensa en un caso que un funcionario estatal y un senador de la República vinculan a la red de Figueroa Agosto. El primero en hacer la referencia fue Marino Vinicio Castillo.
El senador Wilton Guerrero afirmó que desde el Este la supuesta banda de Figueroa Agostos se traslado al nordeste, encontrando cuna en Samaná.
El 24 de abril de 2010, Ismael Kin Almeida fue apresado por miembros de la Dirección de Aduanas y agentes policiales en posesión de poco más de un millón 250 mil dólares.
El abogado defensor de Kin rechaza los cargos instrumentados un mes más tarde contra su cliente que sirvieron de sustento para enviarlo tres meses a prisión.
Aunque le defiende Portes sostiene que es poco lo que conoce de su cliente. De modo que Portes desconoce el operativo en si mismo.
Conforme a las medidas de coerción conocidas las actas de incautación del dinero están firmadas por el oficial de Aduanas Alizon Díaz Sánchez y el policía Alejandro Medina, sin especificar rango.
En el decomiso también participó el administrador de Aduanas, Dionisio Javier Santos, que procedió a retener el dinero.
El fiscal instruyó a tres adjuntos para que acudieran a encabezar la investigación.
Superiores de Medina de los Santos instruyeron para que los fiscales participasen en la jornada. Pero no les dejaron entrar.
Horas más tardes desde la jefatura de la DNCD se informó que la embarcación había desaparecido. De modo que el Ministerio Público no tuvo conocimiento ni contacto con el dinero incautado.
Con posterioridad al decomiso, una semana más tarde y con los dos imputados en libertad, el Ministerio Público decide, en común acuerdo con la DNCD, acusar a los dos presuntos pescadores.
Para entonces, Felipe Encarnación había desaparecido.
Prófugo Encarnación, Kin es el único arrestado en un caso que evidencio las tensiones de un sistema donde el mandato de la ley encuentra freno en la punta de un fusil.
Fuentes cercanas a los tres oficiales que guardan prisión pendientes de una revisión incoada hoy, explicaron a El Informe que los mismos tenían menos de la mitad del tiempo en el cargo, que asegura la DNCD cuando llevó la investigación en Samaná.
Entretanto, pese a las denuncias de que el dinero decomisado pertenece a Figueroa Agosto, no existe un solo elemento que sugiera, cuestione o indique este tema en el limitado expediente. En todo caso es un proceso todavía en marcha.
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