La imputada Mary Peláez reveló que el presidente Leonel Fernández ordenó a Félix Bautista que le diera una ayuda a su familia tras el asesinato de su padre, Milton Pelaéz.
Mientras la sociedad civil cuestionó la forma alegre en que el Gobierno utiliza los recursos del Estado.
El Ministerio Público considera que Mary Peláez se ha incriminado con las declaraciones producidas este jueves en el tribunal.
La imputada afirmó que el contrato otorgado por la Oficina Supervisora de Obras del Estado que dirigía el actual senador Félix Bautista, a la compañía Enadíz, fue por mandato del presidente Leonel Fernández para ayudar a la familia Peláez.
La justiciada reveló que el ingeniero además le dijo que como requerimiento debía crear compañía de carpeta para obtener el contrato de 16 millones de pesos. Además dio las especificaciones de cómo hacerla.
Las obras que realizaría la imputada bajo el contrato de la Supervisora eran el suministro del mobiliario de una extensión de la UASD y una iglesia ambas en Bonao.
Tras las declaraciones de Peláez, el Ministerio Público intentó incorporar como nueva prueba con contrato de venta de la casa de Arroyo Hondo, pero fue desestimado por el tribunal.
La justiciada insistió en que la casa de Arroyo Hondo es de su propiedad y que desde los 18 años comenzó a trabajar y que ha manejado más de 200 millones de pesos en su vida. Mientras su defensa incorporó alrededor de 30 pruebas a descargo.
El juicio continuará el próximo miércoles con la presentación de más pruebas a descargo a favor de Mary Peláez.
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