El documento fue recibido por la representante Jenniffer González Colón. Se trata de la resolución aprobada en la sesión del 13 de septiembre pasado, en la que los legisladores dejan claramente establecida su postura respecto a la situación de discrimen que reciben los dominicanos en Puerto Rico, fundamentalmente por parte de las policías municipal y estatal.
“Se condenan las prácticas discriminatorias ejecutadas por la Policía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra ciudadanos de origen dominicano, como han revelado Amnistía Internacional y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus respectivos informes sobre los derechos civiles de la población en esa isla”, señala el artículo primero de la resolución.
La comitiva de legisladores dominicanos estuvo encabezada por el artífice de esta resolución, Carlos Gabriel García, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Rubén Maldonado y Nelson Guillén, del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) y Marino Collante, del Partido Refomista Social Cristiano (PRSC).
Con el documento en sus manos, González Colón se comprometió a servir de interlocutora entre la Policía y el Consulado Dominicano en Puerto Rico, para canalizar soluciones conjuntas a las manifestaciones de discrimen que afecta a la comunidad criolla.
La legisladora puertorriqueña reconoció el trabajo productivo que realizan los criollos y su contribución e integración en las diversas áreas de la vida nacional e institucional de la Isla del Encanto. “Si hay alguien que los quiere, esa soy yo”, expresó la diputada por el Nuevo Partido Progresista (PNP) y aspirante a ser reelecta en el cargo. Las estadísticas sitúan entre 68 mil y 70 mil los dominicanos con capacidad para ejercer el derecho al voto en Puerto Rico.
Gabriel García destacó que la visita oficial de diputados dominicanos se consolida como un hecho sin precedentes en la historia diplomática de República Dominicana, partiendo de que nunca antes una delegación de legisladores había viajado al extranjero con un documento de esa naturaleza en defensa de la diáspora dominicana.
Reunión con alianza dominicana
La comitiva sostuvo un encuentro con Alianza Dominicana, una organización que reúne a dominicanos destacados en los ámbitos político, cultural y económico de Puerto Rico y que de igual forma se empeña en defender y destacar los intereses de los criollos.
En este encuentro, el cónsul dominicano Máximo Taveras, y el presidente de Alianza Dominicana, Francisco Ramírez (Pachín), felicitaron al Congreso Nacional por haber enviado a cuatro de sus representantes a conocer de cerca la situación que afecta a muchos dominicanos en este país. Ramírez insistió en que persisten los atropellos y que constantemente “se violan los derechos civiles a todos los niveles”. En su discurso, García sostuvo que los legisladores dominicanos están atentos a todo cuanto les ocurre a sus compatriotas en la vecina isla.
Comitiva escucha a activistas
Los congresistas dominicanos también se reunieron con activistas del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, quienes hicieron un recuento de los últimos acontecimientos relacionados con violación a los derechos fundamentales de los criollos que viven en la isla.
El vocero de la entidad, José Rodríguez, precisó que si bien es cierto que la reunión con González Colón envía un mensaje positivo, por su condición de “Estado Libre Asociado”, el Congreso de Puerto Rico no puede decidir nada en materia migratoria ni mucho menos arribar a acuerdos relacionados con esta materia, porque aunque Puerto Rico se rige por una Constitución que regula el manejo de sus asuntos internos, está sujeto a los poderes plenos emanados del Congreso de los Estados Unidos. Dicho de otra forma: el poder de ejercer su soberanía depende directamente de las decisiones que adopte el Congreso estadounidense.
Cláusula territorial
En lo que se conoce como Claúsula Territorial, la Constitución de los Estados Unidos puntualiza que “el Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual”. En un informe sobre el trato que reciben los dominicanos en Puerto Rico, la organización Amnistía Internacional denunció las prácticas discriminatorias en contra de los criollos residentes en la vecina isla por parte de agentes de la Policía.
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