representación recaerá en la Sociedad de Asistencia Legal (SAL) o en un abogado de oficio.
Esta mañana, el licenciado Julio Vargas objetó su designación como abogado de oficio y solicitó al tribunal que se realizara una investigación sobre los recursos económicos del individuo para determinar si es indigente o es capaz de costear un representante privado.
Durante la continuación de la vista en la tarde, el juez Javier Varela Rivera, del Tribunal de Carolina, indicó que la directora de SAL, Aracelia Acevedo, certificó –luego de entrevistar al imputado- su indigencia.
“Si la Sociedad de Asistencia Legal lo declaró indigente, le corresponde entonces asumir la representación legal”, argumentó el licenciado Vargas, quien se expresó dispuesto a colaborar con el abogado que esa entidad pudiera asignar.
Tras escuchar los argumentos, el juez Varela Rivera pautó para el jueves, a las 2:00 p.m., la continuación de la vista, y ordenó citar a la jefa de SAL para definir finalmente quién asumirá la representación de Adorno Castro.
Atropellada defensa
El togado realizó en sala un recuento procesal del caso desde el primer señalamiento de vista preliminar el 31 de enero de 2013 ante la jueza Sylvia Calero, ahora retirada.
Los procesos fueron aplazados ese día para el 5 de febrero, cuando Calero notificó que SAL no representaría al imputado, porque Adorno Castro contó con un abogado privado en la vista de causa para arresto.
Se trataba del licenciado Edgardo Hernández, quien –según supo este medio- notificó al tribunal que solo representaría al imputado en esa vista inicial.
Posteriormente, el 12 de febrero se celebró una vista en la que Adorno Castro no contó con abogado, por lo cual la jueza Calero pospuso el proceso.
Según el juez Varela Rivera, es el 20 de febreo que surge por vez primera el nombre del licenciado Federico López, quien presuntamente había sido contratado por los familiares del imputado.
El juez señaló que del expediente se desprende que ese abogado notificó, el 27 de febrero, a la jueza Calero que desconocía si era el defensor, razón por la cual no había comparecido a la corte.
Fue entonces cuando la togada designó como abogada de oficio a Yadira Hance, quien requirió el apoyo como abogado auxiliar de Edwin Castro, porque ella no trabajaba casos criminales.
Sin embargo, ambos fueron relevados –según supo este medio- porque Adorno Castro se había negado a entrevistarse con la licenciada e insistió en que contaba con un abogado privado.
El 23 de abril, el juez Varela Rivera asume por vez primera el caso. A esa vista compareció el licenciado López, quien informó al tribunal que nunca fue contratado para asumir la defensa.
“Por lo tanto, no se relevó porque, según él, nunca había sido el representante legal”, explicó Varela Rivera durante su relato.
Fue entonces que el togado designó como abogado de oficio a Américo Martínez, quien sometió una moción para impugnar la designación, pues sus “principios” le impedían ver un caso de incesto. Martínez fue relevado el pasado lunes.
Aunque no lo incluyó en su recuento, este diario supo que el juez se comunicó con el licenciado Alex Rosa para notificarle su designación, pero este fue relevado por razones personales.
El juez explicó que, tras solicitar una lista de abogados capaces de asumir un caso como este, surgieron varios nombres, entre ellos el de Vargas.
“Por su experiencia, se hizo la designación”, le dijo el juez al abogado durante la vista.
Regaño al acusado
Culminado el recuento, Varela Rivera se dirigió al imputado.
“Parte de esta controversia ha sido provocada por usted mismo. Yo no sé si usted es culpable o no, pero los casos se prueban en esa silla”, dijo señalando el banquillo de los testigos.
“Con su proceder, ha dilatado demasiado los procedimientos”, agregó.
Por su parte, Adorno Castro pidió disculpas y expresó que “no me estoy justificando, pero yo no tengo culpa de que me metan embustes a mí”. El joven se refirió a la supuesta contratación del licenciado López.
A su salida de sala, la fiscal Marysela Santiago expresó preocupación por la dilación de los procesos.
“El Ministerio Público espera que el tribunal pueda resolver el asunto de la representación legal de Adorno Castro a la mayor brevedad posible, pues este proceso comenzó con la radicación de cargos en enero”, dijo.
"Aunque el término legal para la celebración de la vista preliminar se interrumpe cada vez que se celebra un señalamiento, no es así con el término de rango constitucional de seis meses que dispone que nadie puede estar un periodo mayor a ese en detención preventiva sin haberse celebrado un juicio”, agregó la fiscal.
La fiscal Santiago dijo que espera que estos retrasos “no sean una artimaña del imputado para aprovecharse de ese derecho”.
Contra Adorno Castro, de 34 años, pesan dos cargos de incesto, dos de actos lascivos y uno de maltrato de menores.
De acuerdo con la pesquisa policial, el sujeto, quien actualmente se encuentra confinado, cometía los supuestos actos delictivos contra la menor de 12 años en su residencia en Trujillo Alto mientras su esposa trabajaba durante las noches en un hogar de ancianos.
Los hechos presuntamente ocurrieron desde que la menor tenía 7 años.
Fuente: Primera Hora
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