2011, por lo que la meta de Washington es fomentar la seguridad ciudadana en toda la región a corto y largo plazo.
Durante una audiencia del subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, funcionarios de alto rango del Departamento de Estado destacaron los avances del combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica y el Caribe, pero advirtieron que, en todo caso, se trata de una tarea a largo plazo.
Aunque el trasiego de drogas en el Caribe es "un pequeño porcentaje" del total que fluye en toda la región, el tráfico de cocaína en particular "ha aumentado del 5 por ciento al 9 por ciento" entre 2011 y 2012, dijo William R. Brownfield, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales y de Narcóticos. "La tendencia que vemos es que está al alza", precisó Brownfield, al indicar que del porcentaje de drogas que transita por la región del Caribe, la mayoría se registra en la República Dominicana. Presionados por medidas policiales contra el tráfico de drogas, los narcotraficantes "buscan alternativas" y las redes en el Caribe les resultan "atractivas", señaló Brownfield, al resumir un fenómeno que causa consternación en Washington.
Brownfield indicó que Colombia "puede jugar un papel muy útil" en estas lides en Centroamérica y el Caribe y, de hecho, ya ha puesto su experiencia en la lucha antinarcóticos al servicio de otros países en la región, en particular en la capacitación de policías.
En todo caso, los Gobiernos de Centroamérica "están demostrando una voluntad notable para retomar el control de los narcotraficantes y las pandillas", pese a que afrontan "la tormenta perfecta de tasasde homicidio severas, instituciones débiles, recursos limitados y poderosos criminales trasnacionales", enfatizó Brownfield en su testimonio. Según Brownfield, el Gobierno de EE.UU. ha comprometido entre 2008 y 2012 un total de más de 468 millones de dólares en equipos, capacitación y asistencia técnica para ayudar a eliminar las causas de la crisis actual en Centroamérica.
Por otra parte, Brownfield advirtió que la retención de 10,3 millones de dólares en asistencia militar a Honduras en el Congreso -debido a preocupaciones por los derechos humanos en ese país- tiene un impacto en el apoyo a las tareas de las fuerzas de seguridad en ese país. El martes, un grupo de 21 senadores envió una carta al secretario de Estado de EE.UU.,
John Kerry, exigiendo que las autoridades hondureñas hagan una rendición de cuentas por la "grave situación de derechos humanos y el deterioro del imperio de la ley en Honduras", como condición para recibir ayuda estadounidense.
En la misiva, el grupo pidió que el Departamento de Estado, por un lado, investigue "los asesinatos extrajudiciales y los abusos en los que presuntamente están implicados policías militares" y, por otro, se asegure de que no se dé asistencia estadounidense a personal o unidades "implicados en violaciones a los derechos humanos".
La subsecretaria de Estado adjunta de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Liliana Ayalde, precisó que el Departamento de Estado aún no ha elaborado su informe sobre las medidas que ha tomado el Gobierno de Honduras para fortalecer el respeto a los derechos humanos, aunque sigue de cerca la situación. Un informe del Congreso de febrero pasado señaló que Estados Unidos ha entregado asistencia a Honduras por cerca de 163 millones de dólares en los últimos tres años fiscales, y la solicitud de Washington para el año fiscal en curso es de otros 58,2 millones de dólares.
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