Aunque intenta proyectar transparencia al adoptar medidas de este tipo, la Policía Nacional suele callar las causas de las sanciones a los altos oficiales sancionados.
“Han sido sancionados tres miembros del alto mando, porque es la única forma de evitar prácticas que generan indignación en la ciudadanía y una percepción negativa de la institución”.
Este fue el mensaje que el pasado lunes dio a los periodistas el vocero de la Policía, coronel Jacobo Moquete, “por órdenes” del jefe de la Policía, el mayor general Manuel Castro Castillo.
Moquete se refería a la sanción de tres generales que no actuaron adecuadamente en la investigación de un allanamiento realizado “de forma irregular” en un proyecto habitacional en Sosúa, Puerto Plata.
En ese allanamiento, los alemanes propietarios del proyecto aseguran que les sustrajeron 60 millones de pesos que guardaban en dos cajas fuertes.
Sin respuestas Los generales sancionados son Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes según el Consejo Superior Policial no actuaron correctamente en las investigaciones, como ameritaba ese caso.
Cuando Moquete oficializó el dato de que estos tres generales también fueron sancionados, además de otros 14 policías que participaron en el allanamiento, los reporteros preguntaron en que consistió el manejo incorrecto que se les atribuye.
Pero Moquete no supo qué ni cómo responder.
Lo mismo sucedió con los 14 agentes cancelados, incluidos dos coroneles. La opinión pública nacional todavía no sabe cuáles fueron las razones reales de su separación de la Policía.
El Consejo Superior Policial adoptó la medida, porque entendió que el allanamiento en el que participaron se realizó de forma “irregular”, sin dar detalles de lo que significa este calificativo.
Uno de los dueños de la propiedad allanada el 17 de octubre del 2012 era el alemán Peter Bruwnck.
El caso tomó mayor notoriedad pública, luego de que los alemanes dijeran que durante el allanamiento les sustrajeron 60 millones de pesos. Hasta ahora, la Policía ni el Ministerio Público han afirmado o negado esta versión. Solo dicen que investigan.
Investigarán generales El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó que el Ministerio Público de Puerto Plata está realizando las investigaciones de lugar, para determinar el nivel de vinculación que tienen las personas que participaron en ese allanamiento.
Dijo que profundizan las investigaciones para ver “si hubo algún tipo penal en los allanamientos y en todos los procesos de confiscación de bienes”. Sostuvo, además, que “la investigación se abrió desde que ocurrió el problema, porque hubo denuncia de que se perdieron relojes y verdaderamente para nosotros es inadmisible que eso sucediera”, lamentó el procurador.
Dijo que no tiene detalles sobre lo que hicieron los generales a cargo del allanamiento o si les aplicaron medidas disciplinarias.
Pero aseguró que las investigaciones son para definir todo lo ocurrido.
“No me parece que en materia penal ellos (los generales) tengan algún tipo de responsabilidad”, adelantó Domínguez Brito, sobre la sanción que recibieron los tres generales policiales.
Una nota divulgada por la Fiscalía de Puerto Plata, que dirige la magistrada Alba Núñez, refiere que desde el momento en que se produjeron los hechos, el Ministerio Público ordenó una investigación al respecto.
La magistrada Núñez dijo que analizan las distintas variables que inciden en el caso y varios incidentes reportados durante y después del allanamiento. Informó que las indagatorias se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo.
Prometió que cuando culmine la investigación los detalles serán puestos a disposición de la opinión pública nacional.
Almonte fue destituido después del allanamiento Cuando se produjo el allanamiento al proyecto habitacional La Mulata Tercera, en el municipio Sosúa, el jefe de la Policía en Puerto Plata era el sancionado general Almonte Morales.
Tras el escándalo que generó la acción judicial en cuestión, el entonces jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, lo dejó sin funciones.
Luego, lo nombró como responsable de la Dirección Regional Sur Central de la Policía, con asiento en Baní. El 27 de febrero de este año, volvió a la Regional Norte, con asiento en Puerto Plata.
Después, fue nombrado por Castro Castillo en la Regional Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, y a los cinco días fue destituido para quedar nuevamente sin funciones.
Fuente: El Caribe
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