Se pude apreciar cuando al lujoso hotel se presentó el alguacil Juan Alberto Guerrero, perteneciente al Tribunal Colegiado de Primera Instancia de la provincia La Altagracia, y en conversación con ejecutivos del hotel le informa que ejecutaran una sentencia laboral que favoreció a trece haitianos que supuestamente fueron despedidos de manera irregular por la empresa constructora del edificio.
Cuando el presidente del hotel, Luís Padilla, le preguntó por la notificación el alguacil dijo que la firmó una persona identificada como Rafael Hernández que no figura ni en los registros de empleados del hotel y no posee cédula que lo identifique. Como no lograron convencer a los propietarios del hotel de que la ejecución estaba amparada en los procedimientos legales, el grupo de hombres hasta con palos en las manos penetró al área del lobby en camiones y empezaron a sacar los muebles.
De acuerdo con el reportaje de la periodista Sorange Batista, todo aquello ocurrió en presencia de turistas que estaban hospedados allí y otros que justamente iban llegando. En medio de la situación, Padilla pidió conversar con el abogado Emilio Frías Tiburcio, supuestamente conocido en la zona por ese tipo de acciones. Tiburcio y Guerrero se separan del grupo con los directivos del hotel y le exigen el pago efectivo de RD$3.0 millones de pesos para retirarse y dejar sin efecto la acción.
"Son tres millones quinientos mil y te lo estamos dejando en tres millones", se escucha decir a uno de los abogados a los propietarios que pedían bajar la cantidad de dinero. Pero al final acceden y de inmediato los abogados dieron la orden de volver a poner los muebles en el lobby.
En medio de la acción se escuchó a un turista comparar el país con Africa, debido a la situación que se generó de manera abrupta.
El presidente de la Asociación de Hoteleros del Este, Ernesto Velóz, dijo que para los abogados que incurren en la práctica se trata de un buen negocio porque en uno de los "embargosasaltos", como los llama, usaron una sentencia que ordenaba el pago de RD$900 mil pero para evitar que les hicieran un escándalo los dueños del hotel Noveller Frontier tuvieron que pagarles RD$3.0 millones.
El fiscal de Higüey, Lucas Evangelista dijo que el Ministerio Público no autoriza la fuerza pública para accionar en esos casos, debido a que tienen un reglamento que a los abogados no les interesa seguir y es por ello que se han auxiliado de los jueces de paz, "que aparte de su salario se ganan un dinero por eso", asegura. "Esa forma de proceder constituye un asalto, y no un embargo como establecen las leyes", agregó.
Tanto la Asociación de Hoteleros del Este como la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes han condenado la acción y apoderaron tanto a la Procuraduría General de la República como a la Suprema Corte de Justicia de los casos que ya han afectato a Paladium Hotel, NH, Noveller Frontier y Hard Rock Hotel.
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